Las últimas semanas han devuelto a las calles de España una movilización social que no se veía con esta intensidad desde hace años. Convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, decenas de manifestaciones y acampadas han recorrido más de cincuenta ciudades españolas, desde Madrid hasta Oviedo, pasando por Zaragoza, Valencia, Málaga o Palma de Mallorca. Con el eco constante de las llaves y el grito de “fuera rentistas”, miles de personas reclaman medidas urgentes frente a la subida de los alquileres, los fondos buitre y los desahucios, y con la mirada puesta en la huelga general del próximo 11 de noviembre.
Maricarmen vivía desde hacía más de setenta años en la misma casa del barrio madrileño de Retiro. Durante años, peleó en los tribunales para no perderla, y el 23 de septiembre fue sacada de ella en camilla. Desde entonces, permaneció ingresada, y su entorno alertó del deterioro de su salud. Ahora ha fallecido. Su caso nos recuerda lo que las cifras no cuentan: que no tener un lugar donde vivir con dignidad, o vivir con el miedo constante a perderlo, enferma y mata. Por eso, su nombre debe quedar como símbolo de esa realidad. Nos sumamos a quienes exigen que nadie más tenga que vivir, ni morir, así.
Desde SODePAZ, seguimos con atención y cercanía esta movilización, porque reconocemos en ella la misma lógica que llevamos décadas denunciando en nuestro trabajo internacional: la de un sistema que convierte derechos básicos —la vivienda, el agua, la tierra, la energía— en mercancías con las que especular, dejando fuera a quienes más los necesitan.
En Palestina, el derecho a un techo se vulnera de la forma más brutal: la demolición de viviendas palestinas y la expansión de asentamientos ilegales son, desde hace décadas, una herramienta más de la ocupación, y hoy, tras meses de bombardeos, cientos de miles de personas en Gaza han perdido literalmente su casa. En Guatemala, el problema tiene otro rostro: el acaparamiento de tierra y agua por parte de grandes propietarios deja a comunidades enteras del Corredor Seco sin la base mínima sobre la que construir una vida digna. En Cuba, el bloqueo económico dificulta el acceso a materiales de construcción y encarece cualquier intento de reparar o levantar una vivienda, convirtiendo algo tan básico como un techo en sí mismo en una lucha cotidiana. Y en Haití, la falta de vivienda segura se entrelaza con la vulnerabilidad ante los desastres naturales y la ausencia de soberanía alimentaria, en un país donde tener un lugar estable donde vivir es, para muchas familias, un objetivo diario.
Las causas no son idénticas a las de la crisis de la vivienda en España —aquí no hay bloqueo ni ocupación militar—, pero el patrón de fondo se repite: un recurso esencial para vivir con dignidad queda en manos de quien puede pagarlo o de quien tiene el poder de decidir sobre él, mientras que los demás, quedan fuera. Para SODePAZ, lo esencial para vivir —la tierra, el agua, un techo— debe pertenecer siempre a los pueblos y a las personas, nunca a quien especula con ello.
Como organización que cree en la economía social y solidaria frente a la lógica especulativa, nos sumamos a quienes exigen que la vivienda se entienda como lo que es: un derecho, no un negocio. Con los pueblos del Sur, y también con quienes hoy toman las calles de todas las ciudades de este país, porque la dignidad no entiende de fronteras.
