Agua en riesgo: Cuando simplificar significa retroceder

La Directiva Marco del Agua, uno de los pilares del derecho ambiental europeo, afronta una amenaza sin precedentes desde la propia Comisión Europea.

ANÁLISIS

El agua no es un recurso más: la UE ante un retroceso histórico en su protección

La Directiva Marco del Agua, aprobada en el año 2000, representa uno de los logros más sólidos de la legislación ambiental europea. Estableció un marco de protección a largo plazo de las masas de agua — superficiales, subterráneas y costeras — orientado a garantizar su buen estado ecológico, mitigar los efectos de inundaciones y sequías y asegurar el acceso al agua como bien común. Veinticinco años después de su aprobación, esa arquitectura normativa está en riesgo.

La jornada, organizada por Ecologistas Sin Fronteras e impulsada por un colectivo de diecisiete entidades de la sociedad civil española, nació con una voluntad explícitamente política: preparar un manifiesto de denuncia y articular una respuesta coordinada frente a las propuestas de modificación que la Comisión Europea ha incluido en sus denominados «paquetes ómnibus» — un conjunto de diez iniciativas legislativas que, bajo la bandera de la simplificación y la competitividad, introducen recortes sustanciales en los estándares ambientales vigentes.

La perspectiva jurídica: simplificar, ¿para quién?

Soledad Gallego, directora de ClientEarth España y el Mediterráneo y una de las abogadas ambientales más reconocidas del país — con más de veinticinco años de trayectoria en litigación ambiental estratégica —, ofreció una radiografía precisa del marco legislativo en juego. Tras los avances del período 2019-2024, que incluyen el Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima, los paquetes ómnibus representan, en sus palabras, un retroceso sin base científica ni consulta pública abierta.

Entre sus consecuencias más preocupantes figuran la aceleración y simplificación de permisos para proyectos «estratégicos», la ampliación de excepciones a la normativa de control ambiental, la reducción del acceso a la justicia y la rebaja de estándares de protección. Gallego subrayó además la existencia de una falsa dicotomía en el discurso político dominante: presentar sostenibilidad y competitividad como objetivos irreconciliables cuando, en realidad, la degradación ambiental tiene un coste económico y social que a largo plazo supera con creces cualquier ahorro regulatorio.

La perspectiva científica: devolver el espacio a los ríos

Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro del Patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua — una de las voces científicas de referencia en gestión hídrica a nivel europeo e internacional —, situó el debate en su contexto ecosistémico. El estado global del agua no puede medirse únicamente en términos físico-químicos: comprende también su dimensión biológica e hidro-morfológica, y exige pensar en términos de cuencas y sistemas interconectados.

Frente a fenómenos como las inundaciones — cuya gestión pasa por devolver espacio a los ríos, no por construir más infraestructura de contención — o la creciente presión sobre las aguas subterráneas y residuales, Del Moral recordó algo que con frecuencia se olvida en el debate político: la DMA fue el resultado de un largo y riguroso proceso de elaboración participativa. Desmantelarla sin ese mismo nivel de deliberación pública es un error tanto técnico como democrático.

La perspectiva de la conservación: vulnerabilidad ecológica

Teresa Gil, responsable del programa de aguas de WWF España, completó el análisis con una mirada centrada en las consecuencias prácticas de las modificaciones propuestas. Su mensaje fue directo: la oposición a estas reformas es generalizada entre las organizaciones ambientales y científicas europeas, y no es casual. Las modificaciones debilitan el principio de no deterioro — uno de los pilares fundamentales de la DMA —, amplían las excepciones, reducen los controles y disminuyen los estándares exigibles.

Las repercusiones afectan de manera simultánea al estado de salud de los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad, a la salud pública y la seguridad alimentaria, y a la resiliencia económica de territorios que dependen del agua en buen estado. Estamos, señaló Gil, muy lejos todavía de que nuestras masas de agua alcancen el buen estado ecológico que la propia Directiva exige. Sin agua de calidad no hay seguridad alimentaria; sin seguridad hídrica no hay resiliencia posible frente al cambio climático.

Un manifiesto, una llamada a la acción

La jornada concluyó con la preparación de un manifiesto promovido por las diecisiete entidades convocantes, dirigido al Parlamento Europeo para que rechace la reforma de la DMA en los términos propuestos por la Comisión. El horizonte inmediato es octubre, cuando el Parlamento deberá pronunciarse. El tiempo apremia, y la sociedad civil ha decidido no esperar.

Jornada «Agua en riesgo: la protección de la Directiva Marco del Agua». Congreso de los Diputados, Sala Clara Campoamor. Madrid, 20 de abril de 2026.