En las últimas semanas, ha corrido como la pólvora la noticia de un exempleado de una gran empresa de inteligencia artificial que ha alertado públicamente sobre los riesgos de la tecnología que él mismo ayudó a construir. Sus declaraciones llegan después de que varias compañías del sector hayan reconocido incidentes de seguridad a lo largo del año: sistemas que se han saltado los límites que se les habían fijado, herramientas que han accedido sin autorización a infraestructuras ajenas, y una preocupación creciente entre la propia comunidad científica sobre hasta qué punto estas tecnologías pueden mantenerse bajo control a medida que se vuelven más potentes.

El debate suele plantearse en términos casi de ciencia ficción: máquinas que escapan a nuestro control, sistemas más inteligentes que los seres humanos. Pero desde SODePAZ nos interesa hacer una pregunta distinta, menos espectacular y más urgente: ¿quién está tomando estas decisiones, y en nombre de quién?

La inteligencia artificial se está desarrollando casi en su totalidad en un puñado de países del Norte global y por un número muy reducido de empresas privadas. Son ellas las que deciden qué riesgos son “aceptables”, qué salvaguardas se aplican y a qué ritmo se despliega la tecnología en el resto del planeta. Mientras tanto, buena parte de los países del Sur global no participan en ese debate, pero sí reciben sus efectos: desde la extracción de minerales críticos para fabricar el hardware que sostiene estos sistemas, hasta el trabajo mal pagado y muchas veces invisible de miles de personas —con frecuencia en países empobrecidos— que etiquetan datos y moderan contenidos para entrenar estos modelos.

Y hay un impacto que suele quedar fuera de los grandes titulares: el consumo de recursos naturales que exige toda esta infraestructura. Entrenar y operar los modelos de IA requiere centros de datos que consumen cantidades enormes de electricidad y agua para su refrigeración, y Naciones Unidas ha advertido que esta demanda podría duplicarse antes de 2030. El problema es que esos recursos no son globales: el agua que consume un centro de datos se extrae de una cuenca concreta, y la factura la paga la comunidad que vive alrededor. En varios países de América Latina y África, la instalación de estas infraestructuras ya compite directamente por agua y energía con comunidades que sufren estrés hídrico o cortes eléctricos habituales. Es el mismo patrón extractivo que hemos visto durante décadas con otros recursos naturales, ahora aplicado a los “recursos” que alimentan la inteligencia artificial.

A esto se suma una brecha que ya conocemos bien desde la cooperación internacional: la brecha digital. Mientras en el Norte global se debate sobre superinteligencia y pérdida de control, comunidades enteras en el Sur global siguen sin acceso estable a internet, a electricidad o a formación tecnológica básica. La conversación sobre los “riesgos futuros” de la IA corre el peligro de dejar fuera, una vez más, a quienes ya sufren hoy sus consecuencias más concretas: la automatización de empleos precarios, la vigilancia digital de poblaciones migrantes y refugiadas, o el uso de estas herramientas en conflictos armados y de control social en contextos donde los derechos humanos ya están debilitados.

La inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica. Es, también, una cuestión de justicia global y, como tal, merece estar en la agenda de la solidaridad internacional.

Los días 5 y 6 de octubre, SODePAZ asistió en Bilbao a las Jornadas Internacionales “Palestina: economía del genocidio y empresas cómplices”, organizadas por Paz con Dignidad y su Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Durante dos días, activistas y personas expertas, tanto palestinas como de otros países, analizaron el papel de las empresas, la banca y las grandes tecnológicas en la ocupación y el genocidio, y debatieron cómo exigir responsabilidades, con una mesa dedicada a las estrategias y el impacto del BDS. Para nosotras, fue una cita natural: entender quién se beneficia del genocidio es el primer paso para dejar de financiarlo.

Espacios como este sostienen una causa que hay que defender cada día, aunque el mundo mire para otro lado, aunque la fatiga informativa empuje a pasar de página, aunque parezca que ya se ha dicho todo. Seguir ahí, sin cansarse, es también una forma de resistencia frente a un genocidio que no se puede normalizar y que no puede quedar impune.

Pero esa resistencia no cabe solo en las salas de jornadas. A veces aparece donde menos se espera: en un campo de fútbol. Unos días antes, la selección de Irlanda tuvo que hacerse una pregunta que ninguna plantilla querría hacerse: ¿se puede jugar como si nada contra Israel mientras se comete un genocidio en Gaza? Sus jugadores lo votaron entre ellos, y el portero Gavin Bazunu decidió no participar en los partidos como gesto personal contra la guerra. Los demás salieron al campo, pero no con normalidad: no estrecharon la mano a sus rivales, miraron al césped durante el himno israelí y llevaron brazaletes negros en memoria de las víctimas de Gaza. Desde el Gobierno de Israel acusaron a Dublín de estar “en el lado equivocado de la historia”. Nosotras creemos todo lo contrario, que están en el lado correcto.

Cuando una selección de fútbol decide que no puede jugar como si nada contra un país que comete un genocidio en Gaza, se suma a un movimiento que lleva años creciendo en calles, parlamentos y mercados. En SODePAZ, que defendemos la causa palestina desde 1993, reconocemos en ese gesto una forma más de activismo. Es el de las personas que salen a la calle, el de quienes deciden qué compran y qué no, el de los gobiernos que, como Irlanda, prohíben por ley los productos de los asentamientos ilegales, y también el de unos futbolistas que se niegan a dar normalidad a lo que no es normal. Ninguna de estas acciones basta por sí sola; todas suman.

Esa es la lógica con la que trabajamos: sostener la denuncia, acompañar a las organizaciones palestinas de derechos humanos, organizar mesas de debates, exposiciones, homenajes a las víctimas, y difundir el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) como herramienta al alcance de cualquier persona. Defendemos que el derecho internacional no es un adorno diplomático, que el pueblo palestino tiene derecho a existir, a su tierra, a su hogar y a una vida digna, y que la solidaridad internacional debe traducirse en medidas concretas, también en los espacios que parecen más ajenos.

Del auditorio de unas jornadas al césped de un estadio, el deporte, la cultura, el consumo, el comercio y la política institucional son espacios donde se decide, y en todos ellos se puede elegir entre normalizar o señalar. Ante un genocidio, no hay terreno neutral.

Con Palestina, siempre.

Las últimas semanas han devuelto a las calles de España una movilización social que no se veía con esta intensidad desde hace años. Convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, decenas de manifestaciones y acampadas han recorrido más de cincuenta ciudades españolas, desde Madrid hasta Oviedo, pasando por Zaragoza, Valencia, Málaga o Palma de Mallorca. Con el eco constante de las llaves y el grito de “fuera rentistas”, miles de personas reclaman medidas urgentes frente a la subida de los alquileres, los fondos buitre y los desahucios, y con la mirada puesta en la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Maricarmen vivía desde hacía más de setenta años en la misma casa del barrio madrileño de Retiro. Durante años, peleó en los tribunales para no perderla, y el 23 de septiembre fue sacada de ella en camilla. Desde entonces, permaneció ingresada, y su entorno alertó del deterioro de su salud. Ahora ha fallecido. Su caso nos recuerda lo que las cifras no cuentan: que no tener un lugar donde vivir con dignidad, o vivir con el miedo constante a perderlo, enferma y mata. Por eso, su nombre debe quedar como símbolo de esa realidad. Nos sumamos a quienes exigen que nadie más tenga que vivir, ni morir, así.

Desde SODePAZ, seguimos con atención y cercanía esta movilización, porque reconocemos en ella la misma lógica que llevamos décadas denunciando en nuestro trabajo internacional: la de un sistema que convierte derechos básicos —la vivienda, el agua, la tierra, la energía— en mercancías con las que especular, dejando fuera a quienes más los necesitan.

En Palestina, el derecho a un techo se vulnera de la forma más brutal: la demolición de viviendas palestinas y la expansión de asentamientos ilegales son, desde hace décadas, una herramienta más de la ocupación, y hoy, tras meses de bombardeos, cientos de miles de personas en Gaza han perdido literalmente su casa. En Guatemala, el problema tiene otro rostro: el acaparamiento de tierra y agua por parte de grandes propietarios deja a comunidades enteras del Corredor Seco sin la base mínima sobre la que construir una vida digna. En Cuba, el bloqueo económico dificulta el acceso a materiales de construcción y encarece cualquier intento de reparar o levantar una vivienda, convirtiendo algo tan básico como un techo en sí mismo en una lucha cotidiana. Y en Haití, la falta de vivienda segura se entrelaza con la vulnerabilidad ante los desastres naturales y la ausencia de soberanía alimentaria, en un país donde tener un lugar estable donde vivir es, para muchas familias, un objetivo diario.

Las causas no son idénticas a las de la crisis de la vivienda en España —aquí no hay bloqueo ni ocupación militar—, pero el patrón de fondo se repite: un recurso esencial para vivir con dignidad queda en manos de quien puede pagarlo o de quien tiene el poder de decidir sobre él, mientras que los demás, quedan fuera. Para SODePAZ, lo esencial para vivir —la tierra, el agua, un techo— debe pertenecer siempre a los pueblos y a las personas, nunca a quien especula con ello.

Como organización que cree en la economía social y solidaria frente a la lógica especulativa, nos sumamos a quienes exigen que la vivienda se entienda como lo que es: un derecho, no un negocio. Con los pueblos del Sur, y también con quienes hoy toman las calles de todas las ciudades de este país, porque la dignidad no entiende de fronteras.

Los días 16 y 17 de septiembre se celebraron las dos últimas sesiones de la formación sobre enfoques feministas e interseccionales impulsada por la Coordinadora Galega de ONGD junto a la Xunta de Galicia. El objetivo: incorporar mejores formas de hacer cooperación feminista en contextos cada vez más adversos, y que las conclusiones de estas jornadas alimenten el nuevo Plan Director de Cooperación Galega para los próximos cuatro años.

Despatriarcalizar y descolonizar la cooperación

La primera sesión, titulada “A urxencia de despatriarcalizar e descolonizar a cooperación internacional”, arrancó con la intervención de María Galindo, psicóloga, activista, comunicadora radial y artista boliviana, cofundadora del colectivo Mujeres Creando y una de las voces más influyentes del feminismo latinoamericano. Galindo cuestionó el propio término “cooperación internacional”, que a su juicio debería llamarse “restitución”, dado el legado colonial y extractivista que atraviesa la relación entre el Norte y el Sur global, y denunció la existencia de una “tecnocracia de género”: categorías impuestas desde el Norte, como “empoderamiento”, que en la práctica han derivado en mecanismos de endeudamiento de mujeres empobrecidas a tasas de interés muy elevadas.

Expuso, también, su tesis de la despatriarcalización, entendida como un proceso que ya está en marcha de forma subterránea (lo que llama “feminismo intuitivo”), como método para desarmar el patriarcado pieza por pieza sin caer en la lógica homogeneizadora de los movimientos identitarios, y como utopía que no busca la inclusión en el sistema sino su transformación: “no queremos inclusión, queremos revolución”. Introdujo, además, el concepto de “alianzas insólitas” (vínculos entre sujetos a los que históricamente se les ha impedido relacionarse entre sí) y relató, en el turno de preguntas, las amenazas de muerte y el hostigamiento que sufre por su activismo, defendiendo la alegría como forma de resistencia frente a la lógica de la victimización.

A continuación, la periodista e investigadora Zinthia Álvarez Palomino, especializada en migraciones y memoria decolonial, planteó una pregunta de partida: quién tiene el poder de decidir qué significa “ayudar” dentro de las organizaciones. Argumentó que la cooperación internacional no es neutral, porque reproduce una idea de conocimiento “objetivo y universal” que en realidad responde a un lugar de enunciación muy concreto (blanco, europeo, masculino, de clase dominante), y que esa lógica organiza desde cómo se entiende el tiempo (lo rápido como eficiente, lo lento como atraso) hasta quién decide sobre los recursos o qué conocimiento se considera válido. Frente a ello, propuso herramientas prácticas: revisar quién participa y quién decide en cada espacio, usar un lenguaje situado y accesible, redistribuir protagonismo y recursos, hacer visible el propio lugar de poder y negociar con las entidades financiadoras plazos y condiciones más ajustados a los procesos reales.

Cooperar en contextos hostiles

La segunda mesa reunió los testimonios de tres organizaciones que trabajan en contextos de fuerte hostigamiento hacia los feminismos. Rocío Gutiérrez, del Movimiento Manuela Ramos (Perú), describió el impacto de la reciente “ley anti-ONG” peruana, que exige conformidad previa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para ejecutar proyectos, prohíbe usar fondos para movilizaciones y ha disparado la carga de fiscalización de las organizaciones. Morena Herrera, de La Colectiva (El Salvador), habló de un contexto de “totalitarismo moderno” marcado por la ley de agentes extranjeros, y explicó cómo algunas organizaciones han optado por renunciar a su personería jurídica, buscando vías alternativas de financiación. Rosa Benicia Maradiaga, de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (Honduras), contextualizó su intervención en la crisis alimentaria que atraviesa el sur del país por falta de lluvias, y pidió mayor flexibilidad para reorientar proyectos hacia emergencias sobrevenidas.

Las tres coincidieron en varias recomendaciones para la cooperación gallega: proyectos de mayor duración y calendarios más flexibles, ajustados a los tiempos reales de los procesos sociales; revisión de exigencias administrativas que generan vacíos presupuestarios o cargas desproporcionadas; y mayor previsión de partidas para comunicación, clave para disputar narrativas frente a los discursos antiderechos. El debate final giró en torno a la posibilidad de crear fondos comunes o plataformas regionales entre organizaciones y financiadores, para no depender de una única fuente ante un contexto cada vez más incierto.

Organizaciones habitables: la experiencia de REAS Euskadi

La segunda jornada, “Será habitable ou non será. Outras organizacións para outras economías”, estuvo a cargo de Zaloa Pérez Hernandorena y Silvia Piris Lekuona, de REAS Euskadi, red de economía social y solidaria de Euskadi formada por más de 130 organizaciones. Presentaron el proceso Bizigarri, su plan de transformación organizacional feminista, activo desde 2018 y sostenido gracias al compromiso institucional (una comisión específica con presupuesto propio) y al apoyo económico continuado de la Agencia Vasca de Cooperación.

Entre las herramientas generadas destacaron las “reuniones habitables”, con roles de cuidado rotativos; un diccionario feminista para la economía solidaria; y la publicación “Ser habitable o no será”, dirigida a organizaciones pequeñas. Silvia Piris presentó además el proceso de política laboral feminista impulsado junto a Setem y Mugarik Gabe desde 2022, centrado en cinco ámbitos (tiempos, condiciones económicas, organización del trabajo, capacidades y participación, espacios e identidad y clima laboral) y plasmado en una propuesta de diez principios y veinte acuerdos, pensada como mapa de referencia y no como estándar cerrado.

El debate final abordó una pregunta que atravesó toda la jornada: cómo dedicar tiempo y recursos a estos procesos internos sin que ello se perciba como un privilegio frente a organizaciones de otros territorios que sufren persecución directa. La respuesta de las ponentes fue clara: no se trata de una elección excluyente, y el trabajo interno de revisión organizacional incide directamente en cómo se construyen las alianzas con las socias del Sur.

La sesión terminó sin conclusiones definitivas, pero con un compromiso firme: trasladar estos aprendizajes al contexto gallego y recoger todo lo compartido en ambas jornadas en un documento de propuestas que se compartirá con las organizaciones socias, como insumo directo para el nuevo Plan Director de Cooperación Galega.