Las calles que estas semanas se llenan de manifestaciones y acampadas por la vivienda vivieron el 11 de noviembre su día más multitudinario, con una huelga general que reunió a cientos de miles de personas en toda España para reclamar vivienda digna y salarios justos. Hablan de algo más que de alquileres caros. Hablan de quién es dueño de nuestras ciudades y con qué lógica decide sobre ellas. En el centro de ese debate están los llamados “fondos buitre”, un nombre popular para referirse a los fondos de inversión y grandes tenedores que acumulan viviendas con un único objetivo: obtener la máxima rentabilidad.
Su modelo no es complicado. Tras la crisis de 2008, muchos de estos fondos compraron a bajo precio carteras de viviendas de bancos rescatados e incluso vivienda pública privatizada. Hoy, según datos del Catastro y de Registros recogidos en distintos análisis, empresas, entidades financieras y fondos acumulan cientos de miles de viviendas en España, en torno a un millón si se suman todas las que poseen. Cuando el hogar pasa a ser un activo financiero, las decisiones dejan de responder a las necesidades de quien vive en él y pasan a responder a una hoja de cálculo: subir rentas hasta el límite, no renovar contratos, expulsar a quien no puede pagar, convertir pisos en alquileres de temporada o turísticos, o venderlos uno a uno cuando conviene sacarlos del mercado del alquiler.
El efecto en los barrios es visible. Los vecinos de siempre se marchan, el comercio de proximidad es sustituido por otros negocios, las plazas se vacían de vida cotidiana. La ciudad se organiza pensando en quien puede pagar más, no en quien la habita. Y todo ello ocurre con muy poca transparencia: muchas veces, quienes viven en esos edificios ni siquiera saben quién es su casero, porque lo gestiona una sociedad opaca detrás de otra.
Las instituciones empiezan a reaccionar, aunque con lentitud. El Gobierno ha aprobado nuevos decretos que limitan la compra de vivienda por parte de fondos y grandes tenedores y amplían la protección frente a los desahucios. Curiosamente, en el texto final publicado en el BOE el propio término “fondo buitre” ha desaparecido, aunque las medidas se mantienen y se extienden a quienes poseen más de diez viviendas. Que se tenga que cambiar el nombre para poder legislar dice mucho de la presión que existe en torno a este asunto, y su alcance definitivo dependerá de lo que ocurra en el Congreso.
Desde SODePAZ, sabemos que no se trata solo de una cuestión de leyes. Las jornadas sobre Palestina a las que asistimos en Bilbao nos recordaron cómo el poder corporativo se organiza para actuar sin rendir cuentas. Aquí ocurre algo parecido: el poder financiero decide sobre derechos básicos mientras quienes sufren las consecuencias se organizan en sindicatos de inquilinas, asambleas de barrio y acampadas. Frente a ese modelo, la economía social y solidaria propone otro: vivienda pública y asequible, cooperativas de vivienda en cesión de uso y barrios pensados para quienes los habitan.
Porque una ciudad no es un producto que se compra y se vende: es el lugar donde viven las personas.

