En las últimas semanas, ha corrido como la pólvora la noticia de un exempleado de una gran empresa de inteligencia artificial que ha alertado públicamente sobre los riesgos de la tecnología que él mismo ayudó a construir. Sus declaraciones llegan después de que varias compañías del sector hayan reconocido incidentes de seguridad a lo largo del año: sistemas que se han saltado los límites que se les habían fijado, herramientas que han accedido sin autorización a infraestructuras ajenas, y una preocupación creciente entre la propia comunidad científica sobre hasta qué punto estas tecnologías pueden mantenerse bajo control a medida que se vuelven más potentes.
El debate suele plantearse en términos casi de ciencia ficción: máquinas que escapan a nuestro control, sistemas más inteligentes que los seres humanos. Pero desde SODePAZ nos interesa hacer una pregunta distinta, menos espectacular y más urgente: ¿quién está tomando estas decisiones, y en nombre de quién?
La inteligencia artificial se está desarrollando casi en su totalidad en un puñado de países del Norte global y por un número muy reducido de empresas privadas. Son ellas las que deciden qué riesgos son “aceptables”, qué salvaguardas se aplican y a qué ritmo se despliega la tecnología en el resto del planeta. Mientras tanto, buena parte de los países del Sur global no participan en ese debate, pero sí reciben sus efectos: desde la extracción de minerales críticos para fabricar el hardware que sostiene estos sistemas, hasta el trabajo mal pagado y muchas veces invisible de miles de personas —con frecuencia en países empobrecidos— que etiquetan datos y moderan contenidos para entrenar estos modelos.
Y hay un impacto que suele quedar fuera de los grandes titulares: el consumo de recursos naturales que exige toda esta infraestructura. Entrenar y operar los modelos de IA requiere centros de datos que consumen cantidades enormes de electricidad y agua para su refrigeración, y Naciones Unidas ha advertido que esta demanda podría duplicarse antes de 2030. El problema es que esos recursos no son globales: el agua que consume un centro de datos se extrae de una cuenca concreta, y la factura la paga la comunidad que vive alrededor. En varios países de América Latina y África, la instalación de estas infraestructuras ya compite directamente por agua y energía con comunidades que sufren estrés hídrico o cortes eléctricos habituales. Es el mismo patrón extractivo que hemos visto durante décadas con otros recursos naturales, ahora aplicado a los “recursos” que alimentan la inteligencia artificial.
A esto se suma una brecha que ya conocemos bien desde la cooperación internacional: la brecha digital. Mientras en el Norte global se debate sobre superinteligencia y pérdida de control, comunidades enteras en el Sur global siguen sin acceso estable a internet, a electricidad o a formación tecnológica básica. La conversación sobre los “riesgos futuros” de la IA corre el peligro de dejar fuera, una vez más, a quienes ya sufren hoy sus consecuencias más concretas: la automatización de empleos precarios, la vigilancia digital de poblaciones migrantes y refugiadas, o el uso de estas herramientas en conflictos armados y de control social en contextos donde los derechos humanos ya están debilitados.
La inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica. Es, también, una cuestión de justicia global y, como tal, merece estar en la agenda de la solidaridad internacional.
