El 21 de octubre, el Centro de Estudos Avanzados de la Universidade de Santiago de Compostela acogió el foro “Vivienda, exclusión social y participación ciudadana. El papel de los municipios como garantes de derechos”, organizado por Solidariedade Internacional de Galicia (SIG), MEJORHA y SODePAZ. El encuentro nació del proyecto que impulsa MEJORHA, nuestra organización socia en Guatemala desde 2012, junto a SODePAZ y SIG, para promover el derecho a una vivienda digna, adecuada y saludable de la población indígena ch’orti’ de Jocotán, en Chiquimula (Guatemala), un territorio marcado por la vulnerabilidad climática, la pobreza y la exclusión social. El proyecto cuenta con financiación de la Cooperación Galega, la Unión Europea y otras agencias multilaterales.
Participaron Hadee Méndez, Ángel Berna y Marvin Calderón, de MEJORHA; Antonio Sharshente, representante municipal de Jocotán, y Elida Súchite, lideresa comunitaria del municipio; los concellos de Santiago y Ames; y entidades gallegas de vivienda y acción social. La idea que recorrió la jornada fue clara: la vivienda es un derecho humano fundamental y garantizarlo es una responsabilidad compartida entre los gobiernos locales, las entidades y las propias comunidades.
Por parte de SODePAZ, intervino Edurne Eguino, colaboradora de la organización desde hace años y socia de Etxekonak Bat, una cooperativa de alojamientos colaborativos para personas mayores en Pamplona. Ella y otras 55 compañeras van a envejecer activamente y en buena salud en el edificio en el que vivirán, con pequeños apartamentos y muchos espacios comunes. Será un modelo de autogestión y sin ánimo de lucro, y nadie será dueña de su apartamento, que disfrutarán en cesión de uso. Esa fórmula impide el uso especulativo de la vivienda. Según explicó, estos modelos se sostienen sobre los cuidados mutuos, que diversos estudios relacionan con mejor salud en las personas mayores: menos consumo de medicamentos, más calidad de vida y menos soledad no deseada.
Edurne contó también cómo se ha ido abriendo camino en Navarra: un decreto foral de 2020 reconoció estos alojamientos como alternativa habitacional para mayores; hay un borrador de ley que regulará tres modelos (asequible, senior y rural); se han aprobado medidas fiscales; y se han convocado concursos de suelo público, como el que ganó su cooperativa. Pero advirtió de que sigue faltando compromiso. Las instituciones continúan apoyando más, con fiscalidad reducida, a promotoras privadas con ánimo de lucro que a este modelo, y el ICO está aún muy lejos de financiarlo.
Tan lejos y tan cerca, Jocotán y Galicia comparten una misma idea: una casa se levanta pensando en quien va a vivirla, no en quien va a lucrarse, y se sostiene entre muchas manos. Los municipios tienen mucho que decir. Y mucho que hacer.

