Sala Ernest Lluc · Cámara de Diputados · 2 de julio de 2026
QUÉ ES LA IA Y DÓNDE ESTAMOS
La jornada partió de una delimitación conceptual. La inteligencia artificial es tecnología que infiere patrones a partir de grandes volúmenes de datos, genera resultados probabilísticos y opera mediante arquitecturas de “transformadores” con capacidad de razonamiento autónomo. Su funcionamiento requiere un consumo significativo de energía y agua, dos recursos bajo creciente presión global.
El cronograma de su aceleración es vertiginoso: de ChatGPT a Gemini, de DeepSeek a Claude Code. Y en el horizonte inmediato, sistemas como Mythos que, según se señaló en la jornada, han comenzado a escapar de las instrucciones de sus propios programadores — una señal de alerta sobre los límites del control humano que no debe pasarse por alto.
La jornada recogió dos marcos interpretativos en tensión: una perspectiva crítica que alerta sobre la concentración de poder en actores privados — los denominados “tecnoligarcas” —, y una aproximación feminista más optimista que subraya el potencial transformador de la tecnología si se orienta hacia la redistribución y la autonomía.
EMPLEO: QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE
El impacto de la IA en el mercado laboral fue uno de los ejes centrales del debate. Los datos de 2025 muestran que la IA incrementa la productividad de forma asimétrica: los trabajadores más experimentados obtienen mayores beneficios de su uso, mientras los perfiles junior registran un efecto depresor sobre sus salarios al verse desplazados por herramientas automatizadas.
La vulnerabilidad a corto plazo afecta a un amplio espectro de empleos “sensibles”. A medio plazo, profesiones como el diagnóstico médico, el ejercicio del derecho o el transporte se verán profundamente transformadas. Solo algunos sectores — como la educación presencial — mantienen por ahora una resistencia relativa. En el peor de los escenarios proyectados, la base fiscal podría reducirse en un 25% en apenas cinco a diez años, con consecuencias devastadoras para el Estado de bienestar.
La ponente Florencia Olivares situó estos riesgos en un contexto más amplio de incertidumbre estructural, subrayando la necesidad de políticas públicas proactivas que no esperen a gestionar el daño, sino que anticipen y redistribuyan los beneficios del cambio tecnológico.
IA, GUERRA Y RECURSOS: LA DIMENSIÓN GEOPOLÍTICA
La jornada abordó también una dimensión menos discutida pero igualmente urgente: el papel de la IA en los conflictos armados contemporáneos. La introducción de sistemas autónomos en contextos bélicos plantea preguntas éticas de primer orden: ¿puede una máquina tomar decisiones sobre causar daño o muerte? ¿Se puede garantizar el principio de distinción entre combatientes y civiles cuando el sistema opera con sesgos raciales o fenotípicos incorporados en sus datos de entrenamiento?
El principio de proporcionalidad, pilar del derecho internacional humanitario, se ve comprometido cuando la IA multiplica la capacidad de identificación de objetivos y acelera los tiempos de decisión por encima de la capacidad de supervisión humana.
Esta dimensión bélica conecta directamente con la crisis de recursos naturales. Los minerales críticos y las tierras raras que requiere la IA son los mismos que necesita la transición energética verde, lo que genera cadenas de explotación transnacional con impactos políticos —conflictos, militarización—, sociales —dependencia, economías sumergidas— y medioambientales —contaminación, deforestación, degradación del suelo—.
PROPUESTAS: QUÉ PUEDE HACER LA POLÍTICA
La parte final de la jornada se centró en las respuestas de política pública, con propuestas articuladas en cinco ejes:
- Reimaginación fiscal: nuevas figuras tributarias orientadas a los beneficios de la automatización — impuestos al tráfico de datos (“token taxes”), tasas sobre bienes inmóviles y medidas antirrentistas.
- Propiedad universal del capital tecnológico: centros de datos públicos, aplicación de estándares estatales vinculantes y apertura del debate sobre la expropiación de infraestructuras críticas.
- Reconstrucción del contrato social: garantizar el derecho al trabajo en un contexto de destrucción acelerada de empleo, con especial atención a la transición justa.
- Gobernanza y control democrático: coordinación internacional efectiva y mecanismos de co-determinación de los trabajadores en el diseño y despliegue de sistemas de IA.
- Educación adaptada: microacreditaciones ágiles y formación continua que permitan a la ciudadanía navegar un mercado laboral en transformación permanente.
En el plano europeo, se destacó la necesidad de construir soberanía tecnológica real: una nube soberana, una red paneuropea de infraestructuras digitales y un centro de control de la UE. El debate sobre si desarrollar modelos propios — como ALIA en España — o reutilizar y adaptar los existentes a través de “fine tuning” sigue abierto, pero la dirección es clara: la dependencia tecnológica de actores privados no europeos es un riesgo estratégico que no puede ignorarse.
Como horizonte normativo de referencia, se señaló el Windfall Policy Atlas, un marco de políticas orientado a garantizar que los beneficios extraordinarios generados por la IA reviertan sobre el conjunto de la sociedad, y no solo sobre quienes controlan la tecnología.
