El Gobierno irlandés ha dado un paso que muchas organizaciones llevábamos años reclamando: prohibir por ley la importación de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Irlanda se convierte así en uno de los primeros países de la Unión Europea en traducir en legislación lo que el derecho internacional lleva tiempo señalando —que estos asentamientos son ilegales— negándose a que sus productos sigan circulando con normalidad por el mercado europeo.
Y no está sola: apenas unas semanas después, doce países —entre ellos Reino Unido, Francia, España y Canadá— anunciaron conjuntamente que impondrán restricciones similares, sumándose a Irlanda, Países Bajos, Noruega y Bélgica, que ya habían adoptado medidas propias. Lo que hace unos años era una reivindicación casi en solitario de la sociedad civil empieza a convertirse en una tendencia internacional.
Es una medida con límites: no afecta a los servicios, y su alcance comercial es, en términos absolutos, reducido. Pero su valor va más allá de lo económico: es un precedente político que legitima, a escala de Estado, algo que el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) lleva impulsando desde la sociedad civil desde hace casi veinte años.
El BDS, impulsado por el Comité Nacional Palestino en 2005, parte de una idea sencilla: mientras los gobiernos tardan en actuar, la ciudadanía puede presionar directamente a las empresas que se benefician de la ocupación. Y, aunque a veces pensemos que esto queda lejos de nuestro día a día, la lista de marcas señaladas por el propio movimiento incluye nombres que muchas personas compran sin saber que están en ella. Según BDS, Siemens es contratista clave de un cable eléctrico submarino que conectaría los asentamientos ilegales israelíes con Europa; Puma patrocina a la Asociación de Fútbol de Israel, que incluye equipos con sede en asentamientos ilegales en Cisjordania (una presión sostenida durante años que llevó a Adidas a romper esa misma relación en 2018, y que la propia Puma terminó por asumir en 2025); y Carrefour, a través de su filial israelí, ha sido señalada por dar apoyo logístico a soldados israelíes. A esto se suman productos frescos —dátiles, aguacates, hummus, vino— que llegan a nuestros supermercados etiquetados como “Origen: Israel” cuando en realidad proceden de tierra palestina ocupada.
Desde SODePAZ, apoyamos y difundimos el BDS porque entendemos que es una de las herramientas más eficaces con las que cuenta la ciudadanía: no requiere esperar a que los gobiernos se muevan, y ya ha logrado que empresas como Adidas, Veolia u Orange rompieran vínculos con la ocupación. Decisiones como la de Irlanda demuestran que la presión sostenida, desde el consumo responsable hasta la incidencia política, puede acabar convirtiéndose en ley. Nuestra tarea sigue siendo la misma: informar, señalar y seguir empujando para que cada vez más gobiernos den ese mismo paso. Y que decisiones como esta dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma en toda Europa.
Con Palestina, siempre.
