En 1992, cofundó, junto a Julieta Paredes y Mónica Mendoza, el colectivo Mujeres Creando, un movimiento anarcofeminista boliviano que desde entonces combina activismo callejero, arte y acción política para luchar contra el patriarcado, el colonialismo y las estructuras de poder, con especial atención a las mujeres indígenas, las trabajadoras sexuales y la población LGBTQ+. Sus grafitis —”ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”, “el feminicidio es un crimen del Estado patriarcal”— han llenado durante años los muros de La Paz y otras ciudades bolivianas, convirtiendo la calle en el principal espacio de enunciación política del colectivo.

Desde “La Virgen de los Deseos”, su casa autogestionada con sede en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, Mujeres Creando ha construido durante décadas lo que Galindo llama una “oferta concreta de justicia” para las mujeres: no un simple servicio de asesoramiento jurídico, sino un acompañamiento que combina asistencia legal con la construcción colectiva de una utopía de justicia feminista, formalizada en su diplomado “Justicia feminista”. Codirige, además, Radio Deseo, espacio de denuncia y crítica social desde el que el colectivo lleva años incomodando tanto al poder estatal como a la propia cooperación internacional, a la que acusa de haber jugado un papel profundamente colonial en su relación con los feminismos del Sur.

Es autora de varios libros que hoy son referencia obligada para pensar el feminismo desde el Sur global: Ninguna mujer nace para puta (2007), No se puede descolonizar sin despatriarcalizar (2013) —donde desarrolló la tesis política por la que es más conocida— y Feminismo bastardo (2022), con prólogo de Paul B. Preciado. Su pensamiento parte de una idea central: no puede haber descolonización sin despatriarcalización, ni despatriarcalización sin descolonización, porque en las sociedades del Sur el patriarcado no es una estructura universal y unívoca, sino una estructura compleja, atravesada por capas coloniales, precoloniales e internalizadas, que hay que desarmar pieza por pieza. De ahí, también su rechazo a la narrativa de las “olas” del feminismo, que considera una genealogía eurocéntrica, y su defensa de múltiples genealogías feministas, tan locales cada una como cualquier otra.

Frente a los movimientos identitarios, a los que critica por homogeneizar la identidad y desviar la energía política hacia luchas que no cuestionan la estructura de privilegios de fondo, Galindo ha planteado el concepto de “alianzas insólitas”: vínculos entre sujetos a los que históricamente se les ha impedido relacionarse —mujeres indígenas, trabajadoras sexuales, personas lesbianas—, resumidos en la metáfora que ha hecho suya el colectivo: “indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas”. Como lesbiana declarada abiertamente desde sus primeros años de militancia, ha sido también una voz crítica dentro de los propios movimientos LGBTIQ+ institucionalizados, a los que acusa de repetir, generación tras generación, los mismos discursos sin producir pensamiento propio.

Su trabajo no ha estado exento de riesgo. Galindo ha sido procesada judicialmente por sus intervenciones callejeras —como el grafiti “El feminicidio es un crimen del Estado patriarcal”, por el que fue citada a declarar en 2015— y ha denunciado en numerosas ocasiones amenazas de muerte vinculadas tanto a su activismo territorial y económico como a episodios de homofobia. Frente a esa hostilidad, ha reivindicado sistemáticamente la alegría y la felicidad como forma de resistencia, rechazando la lógica de la victimización que, sostiene, es precisamente lo que sus adversarios esperan de ella.

Con la cooperación internacional mantiene una relación especialmente crítica. Sostiene que ni siquiera debería llamarse “cooperación”, sino “restitución”, dado el legado colonial y extractivista que atraviesa la relación entre el Norte y el Sur global. Y denuncia lo que llama una “tecnocracia de género”: categorías impuestas desde el Norte, como “empoderamiento”, que en la práctica han derivado en mecanismos de endeudamiento de mujeres empobrecidas a tasas de interés muy elevadas.

Para Galindo, el objetivo nunca ha sido sentarse en la mesa del poder, sino acabar con esa mesa. Bolivia tiene hoy un parlamento en el que más de la mitad de los escaños los ocupan mujeres, y aun así Galindo lo desprecia por representar una biología, no una ideología. Esa es, precisamente, la distancia que separa su proyecto de cualquier otro: no se trata de ganar sillas dentro del sistema patriarcal y colonial, sino de desarmarlo pieza por pieza, hasta que ya no quede sistema al que pedirle sitio. “No queremos inclusión, queremos revolución.”

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Lo que ya es obligatorio

A partir de ahora, cualquier organización tiene que ser clara sobre el uso que hace de la IA. En la práctica, esto significa cuatro cosas: si tienes un chatbot o una respuesta automática, debe quedar claro desde el primer mensaje que no hay una persona al otro lado; si publicas una imagen o un vídeo creado o retocado con IA que pueda parecer real (lo que se llama un deepfake), tienes que decirlo; si un texto generado con IA informa sobre un asunto de interés público, también hay que señalarlo; y si usas alguna herramienta que reconoce emociones, hay que avisar antes de usarla. Esto ya afecta a webs, redes sociales, boletines como este y cualquier atención automatizada, también en las entidades sociales.

Lo que se ha aplazado (y lo que no)

Puede que hayas leído que Europa ha “dado marcha atrás” con la IA. No es exactamente así. Lo único que se ha retrasado, hasta 2027 y 2028, son las normas para los sistemas considerados de mayor riesgo: los que deciden, por ejemplo, si te contratan para un trabajo, si accedes a una ayuda o cómo se evalúa tu situación en un proceso judicial. Todo lo demás, incluida la obligación de ser transparentes que hemos explicado arriba, sigue su curso tal y como estaba previsto.

Por qué esto nos importa de verdad

Cumplir la ley es solo el primer paso. En Sodepaz, trabajamos con datos de personas en situaciones de vulnerabilidad, y ahí surgen preguntas que ninguna norma resuelve por nosotras: ¿qué información estamos compartiendo con esa herramienta gratuita que usamos a diario? ¿Qué sesgos puede traer un modelo entrenado con textos que no reflejan las realidades con las que trabajamos? ¿Qué perdemos, como equipo, cuando dejamos que una máquina haga en segundos una tarea que antes nos ayudaba a aprender? Son preguntas que ya nos hacíamos antes de que llegara la IA. Ahora toca hacérselas también a ella.

Nuestra lectura

Hay algo un poco paradójico en todo esto: la norma nos obliga a decir cuándo usamos IA, pero no a preguntarnos si deberíamos usarla, ni para qué, ni a costa de qué. Ese debate lo tenemos que dar nosotras, en nuestras asambleas y equipos, con la misma exigencia con la que ya lo hacemos con la banca ética o el comercio justo. La transparencia es el punto de partida, no el punto de llegada.

La ley marca un mínimo. La mirada crítica y colectiva, esa la seguimos poniendo nosotras.

QUÉ ES LA IA Y DÓNDE ESTAMOS

La jornada partió de una delimitación conceptual. La inteligencia artificial es tecnología que infiere patrones a partir de grandes volúmenes de datos, genera resultados probabilísticos y opera mediante arquitecturas de “transformadores” con capacidad de razonamiento autónomo. Su funcionamiento requiere un consumo significativo de energía y agua, dos recursos bajo creciente presión global.

El cronograma de su aceleración es vertiginoso: de ChatGPT a Gemini, de DeepSeek a Claude Code. Y en el horizonte inmediato, sistemas como Mythos que, según se señaló en la jornada, han comenzado a escapar de las instrucciones de sus propios programadores — una señal de alerta sobre los límites del control humano que no debe pasarse por alto.

La jornada recogió dos marcos interpretativos en tensión: una perspectiva crítica que alerta sobre la concentración de poder en actores privados — los denominados “tecnoligarcas” —, y una aproximación feminista más optimista que subraya el potencial transformador de la tecnología si se orienta hacia la redistribución y la autonomía.

EMPLEO: QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE

El impacto de la IA en el mercado laboral fue uno de los ejes centrales del debate. Los datos de 2025 muestran que la IA incrementa la productividad de forma asimétrica: los trabajadores más experimentados obtienen mayores beneficios de su uso, mientras los perfiles junior registran un efecto depresor sobre sus salarios al verse desplazados por herramientas automatizadas.

La vulnerabilidad a corto plazo afecta a un amplio espectro de empleos “sensibles”. A medio plazo, profesiones como el diagnóstico médico, el ejercicio del derecho o el transporte se verán profundamente transformadas. Solo algunos sectores — como la educación presencial — mantienen por ahora una resistencia relativa. En el peor de los escenarios proyectados, la base fiscal podría reducirse en un 25% en apenas cinco a diez años, con consecuencias devastadoras para el Estado de bienestar.

La ponente Florencia Olivares situó estos riesgos en un contexto más amplio de incertidumbre estructural, subrayando la necesidad de políticas públicas proactivas que no esperen a gestionar el daño, sino que anticipen y redistribuyan los beneficios del cambio tecnológico.

IA, GUERRA Y RECURSOS: LA DIMENSIÓN GEOPOLÍTICA

La jornada abordó también una dimensión menos discutida pero igualmente urgente: el papel de la IA en los conflictos armados contemporáneos. La introducción de sistemas autónomos en contextos bélicos plantea preguntas éticas de primer orden: ¿puede una máquina tomar decisiones sobre causar daño o muerte? ¿Se puede garantizar el principio de distinción entre combatientes y civiles cuando el sistema opera con sesgos raciales o fenotípicos incorporados en sus datos de entrenamiento?

El principio de proporcionalidad, pilar del derecho internacional humanitario, se ve comprometido cuando la IA multiplica la capacidad de identificación de objetivos y acelera los tiempos de decisión por encima de la capacidad de supervisión humana.

Esta dimensión bélica conecta directamente con la crisis de recursos naturales. Los minerales críticos y las tierras raras que requiere la IA son los mismos que necesita la transición energética verde, lo que genera cadenas de explotación transnacional con impactos políticos —conflictos, militarización—, sociales —dependencia, economías sumergidas— y medioambientales —contaminación, deforestación, degradación del suelo—.

PROPUESTAS: QUÉ PUEDE HACER LA POLÍTICA

La parte final de la jornada se centró en las respuestas de política pública, con propuestas articuladas en cinco ejes:

• Reimaginación fiscal: nuevas figuras tributarias orientadas a los beneficios de la automatización — impuestos al tráfico de datos (“token taxes”), tasas sobre bienes inmóviles y medidas antirrentistas.
• Propiedad universal del capital tecnológico: centros de datos públicos, aplicación de estándares estatales vinculantes y apertura del debate sobre la expropiación de infraestructuras críticas.
• Reconstrucción del contrato social: garantizar el derecho al trabajo en un contexto de destrucción acelerada de empleo, con especial atención a la transición justa.
• Gobernanza y control democrático: coordinación internacional efectiva y mecanismos de co-determinación de los trabajadores en el diseño y despliegue de sistemas de IA.
• Educación adaptada: microacreditaciones ágiles y formación continua que permitan a la ciudadanía navegar un mercado laboral en transformación permanente.

En el plano europeo, se destacó la necesidad de construir soberanía tecnológica real: una nube soberana, una red paneuropea de infraestructuras digitales y un centro de control de la UE. El debate sobre si desarrollar modelos propios — como ALIA en España — o reutilizar y adaptar los existentes a través de “fine tuning” sigue abierto, pero la dirección es clara: la dependencia tecnológica de actores privados no europeos es un riesgo estratégico que no puede ignorarse.

Como horizonte normativo de referencia, se señaló el Windfall Policy Atlas, un marco de políticas orientado a garantizar que los beneficios extraordinarios generados por la IA reviertan sobre el conjunto de la sociedad, y no solo sobre quienes controlan la tecnología.

Y no está sola: apenas unas semanas después, doce países —entre ellos Reino Unido, Francia, España y Canadá— anunciaron conjuntamente que impondrán restricciones similares, sumándose a Irlanda, Países Bajos, Noruega y Bélgica, que ya habían adoptado medidas propias. Lo que hace unos años era una reivindicación casi en solitario de la sociedad civil empieza a convertirse en una tendencia internacional.

Es una medida con límites: no afecta a los servicios, y su alcance comercial es, en términos absolutos, reducido. Pero su valor va más allá de lo económico: es un precedente político que legitima, a escala de Estado, algo que el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) lleva impulsando desde la sociedad civil desde hace casi veinte años.

El BDS, impulsado por el Comité Nacional Palestino en 2005, parte de una idea sencilla: mientras los gobiernos tardan en actuar, la ciudadanía puede presionar directamente a las empresas que se benefician de la ocupación. Y, aunque a veces pensemos que esto queda lejos de nuestro día a día, la lista de marcas señaladas por el propio movimiento incluye nombres que muchas personas compran sin saber que están en ella. Según BDS, Siemens es contratista clave de un cable eléctrico submarino que conectaría los asentamientos ilegales israelíes con Europa; Puma patrocina a la Asociación de Fútbol de Israel, que incluye equipos con sede en asentamientos ilegales en Cisjordania (una presión sostenida durante años que llevó a Adidas a romper esa misma relación en 2018, y que la propia Puma terminó por asumir en 2025); y Carrefour, a través de su filial israelí, ha sido señalada por dar apoyo logístico a soldados israelíes. A esto se suman productos frescos —dátiles, aguacates, hummus, vino— que llegan a nuestros supermercados etiquetados como “Origen: Israel” cuando en realidad proceden de tierra palestina ocupada.

Desde SODePAZ, apoyamos y difundimos el BDS porque entendemos que es una de las herramientas más eficaces con las que cuenta la ciudadanía: no requiere esperar a que los gobiernos se muevan, y ya ha logrado que empresas como Adidas, Veolia u Orange rompieran vínculos con la ocupación. Decisiones como la de Irlanda demuestran que la presión sostenida, desde el consumo responsable hasta la incidencia política, puede acabar convirtiéndose en ley. Nuestra tarea sigue siendo la misma: informar, señalar y seguir empujando para que cada vez más gobiernos den ese mismo paso. Y que decisiones como esta dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma en toda Europa.

Con Palestina, siempre.

La nueva página organiza mejor que nunca todo lo que hacemos: desde la sección “Quiénes somos”, donde explicamos qué nos mueve y cuál es nuestra trayectoria, hasta nuestras líneas de trabajo — cooperación internacional, acción humanitaria, educación para la ciudadanía global, incidencia política, economía social y solidaria, comunicación, turismo solidario y comunidad de aprendizaje —, todas accesibles de un vistazo. También hemos dado más visibilidad a los países donde trabajamos actualmente — Cuba, Guatemala, Haití y Palestina — y a nuestras noticias más recientes, para que sea más fácil seguir el día a día de nuestros proyectos.

La Tienda SODePAZ, con sus productos de comercio justo, ecológico y solidario, también estrena escaparate: categorías más claras, mejor navegación y toda la información sobre cómo cada compra apoya directamente a comunidades productoras del Sur global. Y, por supuesto, seguimos poniendo fácil sumarse a la causa: donar, hacerte socia o socio, o comprar en la tienda solidaria son, ahora, apenas un par de clics.

Te invitamos a visitarla, recorrerla con calma y contarnos qué te parece.

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El pasado 28 de agosto falleció en La Habana Luis Hilario Bérriz Pérez, fundador y único presidente que ha tenido CUBASOLAR desde su creación en 1994. Tenía 86 años.

Bérriz dedicó más de cuatro décadas a demostrar que la soberanía energética de Cuba pasaba por el sol, mucho antes de que la crisis energética actual pusiera la generación solar en el centro del debate. Para él, la energía solar no era solo una cuestión técnica: la entendía también como una herramienta de justicia social, defendiendo en sus escritos que, a diferencia de otras fuentes de energía, al sol “no se le puede bloquear, no se le puede dominar, no se le puede destruir”. Bajo su presidencia, CUBASOLAR se convirtió en un referente nacional, formando a generaciones de técnicos y llevando la energía renovable a comunidades de toda la isla.

SODePAZ participó en la propia constitución de CUBASOLAR en 1994, y desde entonces esa alianza inicial ha ido creciendo hasta convertirse en una de las colaboraciones más sólidas y duraderas de nuestra organización en Cuba. Ese mismo principio —el derecho a la energía como derecho a una vida digna— es el que ha sostenido durante años nuestra colaboración, con proyectos que han acompañado a distintos territorios cubanos en su tránsito hacia fuentes renovables. Hoy, esa alianza continúa viva en nuestros programas de electrificación solar, entre ellos Sol Vital, que lleva sistemas fotovoltaicos con baterías a hogares con menores que dependen de equipos vitales para vivir. Es, en buena medida, herencia directa de la terquedad luminosa de Luis: la idea de que nadie debería quedarse sin electricidad cuando de eso depende su vida.

Luis Bérriz deja una organización, CUBASOLAR, que continúa su trabajo con la misma vocación con la que él la fundó hace más de treinta años. Desde SODePAZ seguimos construyendo, junto a CUBASOLAR, panel a panel, el futuro que Luis imaginó para Cuba.

Con los pueblos del Sur, como siempre. Hasta siempre, Luis.

Entrevista a Sheyla responsable del proyecto Sol Vital en la emisora de Holguín radio Angulo sobre el proyecto en marcha que realiza instalaciones de sistemas fotovoltaicos en domicilios de niños y niñas con necesidad vital de equipos eléctricos.

Cofinanciado por el Fondo Galego de Cooperación, Concello de Santiago de Compostela, SODEPAZ, Cubasolar y embajada de Canadá en La Habana

La reunión fue de esas en las que cuantas más cosas cuentas, más puntos de conexión aparecen. Claudia nos explicó cómo Penca acompaña a los acueductos comunitarios de los corregimientos rurales de Medellín: estructuras de autogestión del agua que la legislación colombiana, hasta hace poco, trataba con los mismos requisitos que a una empresa pública. Gracias a años de incidencia sostenida de la red nacional de acueductos comunitarios, en la que Penca participa activamente, el gobierno anterior aprobó una política pública nacional de gestión comunitaria del agua. Pequeña victoria enorme, de esas que se construyen despacio y duran.

También nos habló del programa de mujeres, que acompaña a unas 400 campesinas organizadas en dos redes intermunicipales. El trabajo va desde la formación en derechos hasta la incidencia en los planes de desarrollo municipal, pasando por los comités de cuidado — estructuras de apoyo mutuo ante situaciones de violencia. Y en 2024 celebraron su primera Escuela de Participación Social y Política para Mujeres, con 160 participantes de 60 organizaciones. El resultado más reciente: la constitución de una plataforma departamental de mujeres en torno al concepto de agroecología antipatriarcal, que busca tensionar un movimiento agroecológico que aún reproduce demasiados roles esencialistas.

Y luego está Coliflor: un circuito de economía solidaria en marcha desde 2003 que articula 121 fincas agroecológicas en torno a una tienda de comercio justo en Medellín, con precios acordados colectivamente y una batería de indicadores de transición agroecológica. Todos los huevos y aves del circuito deben ser producción de mujeres. No como detalle simbólico, sino como materialización concreta del enfoque de género en la economía.

Nosotras también pusimos sobre la mesa nuestro trabajo: casi 40 años de cooperación internacional, los proyectos activos en Guatemala, Haití, Cuba y Palestina, la tienda de comercio justo en Madrid, y el enfoque de género que atraviesa cada vez más explícitamente todas nuestras líneas de acción. Cuanto más contábamos, más evidente se hacía el terreno común: el agua y la gestión comunitaria, la energía como condición para la autonomía de las mujeres, la agroecología, la economía solidaria.

Fue una primera reunión de acercamiento, sin prisa ni compromisos cerrados. Pero salimos con ganas reales de explorar posibilidades concretas de trabajo conjunto. A veces los encuentros más fructíferos empiezan así: reconociéndote en el trabajo de otra.

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, SODePAZ y MEJORHA desarrollamos un proyecto en 14 comunidades del municipio de Jocotán (Chiquimula), con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). El proyecto benefició directamente a más de 3.000 personas.

El trabajo se centró en tres frentes: mejorar el acceso al agua (ampliando un sistema intercomunitario de abastecimiento, instalando riego y formando a personas de las comunidades para su mantenimiento), fortalecer la producción de alimentos (con bancos de semillas, huertos familiares y viveros para reforestación) y apoyar la participación comunitaria, formando a las comunidades para dialogar con las autoridades locales sobre agua, salud y medioambiente.

Los resultados hablan por sí solos: 84 familias cuentan ya con suministro estable de agua potable, se instalaron sistemas de riego en 34 parcelas agrícolas, 199 familias mejoraron su producción de maíz y frijol, 236 mujeres producen alimentos en huertos ecológicos, se plantaron cerca de 20.000 árboles para recuperar fuentes de agua y zonas forestales, y más de 90 mujeres participaron en espacios de fortalecimiento de liderazgo comunitario.

Hoy, estas comunidades tienen mejor acceso al agua potable y más herramientas para producir sus propios alimentos, lo que ha contribuido a reducir enfermedades relacionadas con el agua no segura y a fortalecer su capacidad de cuidar sus recursos naturales. Avances que solo son posibles gracias al trabajo conjunto entre organizaciones locales, comunidades, instituciones públicas y entidades de cooperación.