El debate suele plantearse en términos casi de ciencia ficción: máquinas que escapan a nuestro control, sistemas más inteligentes que los seres humanos. Pero desde SODePAZ nos interesa hacer una pregunta distinta, menos espectacular y más urgente: ¿quién está tomando estas decisiones, y en nombre de quién?

La inteligencia artificial se está desarrollando casi en su totalidad en un puñado de países del Norte global y por un número muy reducido de empresas privadas. Son ellas las que deciden qué riesgos son “aceptables”, qué salvaguardas se aplican y a qué ritmo se despliega la tecnología en el resto del planeta. Mientras tanto, buena parte de los países del Sur global no participan en ese debate, pero sí reciben sus efectos: desde la extracción de minerales críticos para fabricar el hardware que sostiene estos sistemas, hasta el trabajo mal pagado y muchas veces invisible de miles de personas —con frecuencia en países empobrecidos— que etiquetan datos y moderan contenidos para entrenar estos modelos.

Y hay un impacto que suele quedar fuera de los grandes titulares: el consumo de recursos naturales que exige toda esta infraestructura. Entrenar y operar los modelos de IA requiere centros de datos que consumen cantidades enormes de electricidad y agua para su refrigeración, y Naciones Unidas ha advertido que esta demanda podría duplicarse antes de 2030. El problema es que esos recursos no son globales: el agua que consume un centro de datos se extrae de una cuenca concreta, y la factura la paga la comunidad que vive alrededor. En varios países de América Latina y África, la instalación de estas infraestructuras ya compite directamente por agua y energía con comunidades que sufren estrés hídrico o cortes eléctricos habituales. Es el mismo patrón extractivo que hemos visto durante décadas con otros recursos naturales, ahora aplicado a los “recursos” que alimentan la inteligencia artificial.

A esto se suma una brecha que ya conocemos bien desde la cooperación internacional: la brecha digital. Mientras en el Norte global se debate sobre superinteligencia y pérdida de control, comunidades enteras en el Sur global siguen sin acceso estable a internet, a electricidad o a formación tecnológica básica. La conversación sobre los “riesgos futuros” de la IA corre el peligro de dejar fuera, una vez más, a quienes ya sufren hoy sus consecuencias más concretas: la automatización de empleos precarios, la vigilancia digital de poblaciones migrantes y refugiadas, o el uso de estas herramientas en conflictos armados y de control social en contextos donde los derechos humanos ya están debilitados.

La inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica. Es, también, una cuestión de justicia global y, como tal, merece estar en la agenda de la solidaridad internacional.

Espacios como este sostienen una causa que hay que defender cada día, aunque el mundo mire para otro lado, aunque la fatiga informativa empuje a pasar de página, aunque parezca que ya se ha dicho todo. Seguir ahí, sin cansarse, es también una forma de resistencia frente a un genocidio que no se puede normalizar y que no puede quedar impune.

Pero esa resistencia no cabe solo en las salas de jornadas. A veces aparece donde menos se espera: en un campo de fútbol. Unos días antes, la selección de Irlanda tuvo que hacerse una pregunta que ninguna plantilla querría hacerse: ¿se puede jugar como si nada contra Israel mientras se comete un genocidio en Gaza? Sus jugadores lo votaron entre ellos, y el portero Gavin Bazunu decidió no participar en los partidos como gesto personal contra la guerra. Los demás salieron al campo, pero no con normalidad: no estrecharon la mano a sus rivales, miraron al césped durante el himno israelí y llevaron brazaletes negros en memoria de las víctimas de Gaza. Desde el Gobierno de Israel acusaron a Dublín de estar “en el lado equivocado de la historia”. Nosotras creemos todo lo contrario, que están en el lado correcto.

Cuando una selección de fútbol decide que no puede jugar como si nada contra un país que comete un genocidio en Gaza, se suma a un movimiento que lleva años creciendo en calles, parlamentos y mercados. En SODePAZ, que defendemos la causa palestina desde 1993, reconocemos en ese gesto una forma más de activismo. Es el de las personas que salen a la calle, el de quienes deciden qué compran y qué no, el de los gobiernos que, como Irlanda, prohíben por ley los productos de los asentamientos ilegales, y también el de unos futbolistas que se niegan a dar normalidad a lo que no es normal. Ninguna de estas acciones basta por sí sola; todas suman.

Esa es la lógica con la que trabajamos: sostener la denuncia, acompañar a las organizaciones palestinas de derechos humanos, organizar mesas de debates, exposiciones, homenajes a las víctimas, y difundir el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) como herramienta al alcance de cualquier persona. Defendemos que el derecho internacional no es un adorno diplomático, que el pueblo palestino tiene derecho a existir, a su tierra, a su hogar y a una vida digna, y que la solidaridad internacional debe traducirse en medidas concretas, también en los espacios que parecen más ajenos.

Del auditorio de unas jornadas al césped de un estadio, el deporte, la cultura, el consumo, el comercio y la política institucional son espacios donde se decide, y en todos ellos se puede elegir entre normalizar o señalar. Ante un genocidio, no hay terreno neutral.

Con Palestina, siempre.

Maricarmen vivía desde hacía más de setenta años en la misma casa del barrio madrileño de Retiro. Durante años, peleó en los tribunales para no perderla, y el 23 de septiembre fue sacada de ella en camilla. Desde entonces, permaneció ingresada, y su entorno alertó del deterioro de su salud. Ahora ha fallecido. Su caso nos recuerda lo que las cifras no cuentan: que no tener un lugar donde vivir con dignidad, o vivir con el miedo constante a perderlo, enferma y mata. Por eso, su nombre debe quedar como símbolo de esa realidad. Nos sumamos a quienes exigen que nadie más tenga que vivir, ni morir, así.

Desde SODePAZ, seguimos con atención y cercanía esta movilización, porque reconocemos en ella la misma lógica que llevamos décadas denunciando en nuestro trabajo internacional: la de un sistema que convierte derechos básicos —la vivienda, el agua, la tierra, la energía— en mercancías con las que especular, dejando fuera a quienes más los necesitan.

En Palestina, el derecho a un techo se vulnera de la forma más brutal: la demolición de viviendas palestinas y la expansión de asentamientos ilegales son, desde hace décadas, una herramienta más de la ocupación, y hoy, tras meses de bombardeos, cientos de miles de personas en Gaza han perdido literalmente su casa. En Guatemala, el problema tiene otro rostro: el acaparamiento de tierra y agua por parte de grandes propietarios deja a comunidades enteras del Corredor Seco sin la base mínima sobre la que construir una vida digna. En Cuba, el bloqueo económico dificulta el acceso a materiales de construcción y encarece cualquier intento de reparar o levantar una vivienda, convirtiendo algo tan básico como un techo en sí mismo en una lucha cotidiana. Y en Haití, la falta de vivienda segura se entrelaza con la vulnerabilidad ante los desastres naturales y la ausencia de soberanía alimentaria, en un país donde tener un lugar estable donde vivir es, para muchas familias, un objetivo diario.

Las causas no son idénticas a las de la crisis de la vivienda en España —aquí no hay bloqueo ni ocupación militar—, pero el patrón de fondo se repite: un recurso esencial para vivir con dignidad queda en manos de quien puede pagarlo o de quien tiene el poder de decidir sobre él, mientras que los demás, quedan fuera. Para SODePAZ, lo esencial para vivir —la tierra, el agua, un techo— debe pertenecer siempre a los pueblos y a las personas, nunca a quien especula con ello.

Como organización que cree en la economía social y solidaria frente a la lógica especulativa, nos sumamos a quienes exigen que la vivienda se entienda como lo que es: un derecho, no un negocio. Con los pueblos del Sur, y también con quienes hoy toman las calles de todas las ciudades de este país, porque la dignidad no entiende de fronteras.

Despatriarcalizar y descolonizar la cooperación

La primera sesión, titulada “A urxencia de despatriarcalizar e descolonizar a cooperación internacional”, arrancó con la intervención de María Galindo, psicóloga, activista, comunicadora radial y artista boliviana, cofundadora del colectivo Mujeres Creando y una de las voces más influyentes del feminismo latinoamericano. Galindo cuestionó el propio término “cooperación internacional”, que a su juicio debería llamarse “restitución”, dado el legado colonial y extractivista que atraviesa la relación entre el Norte y el Sur global, y denunció la existencia de una “tecnocracia de género”: categorías impuestas desde el Norte, como “empoderamiento”, que en la práctica han derivado en mecanismos de endeudamiento de mujeres empobrecidas a tasas de interés muy elevadas.

Expuso, también, su tesis de la despatriarcalización, entendida como un proceso que ya está en marcha de forma subterránea (lo que llama “feminismo intuitivo”), como método para desarmar el patriarcado pieza por pieza sin caer en la lógica homogeneizadora de los movimientos identitarios, y como utopía que no busca la inclusión en el sistema sino su transformación: “no queremos inclusión, queremos revolución”. Introdujo, además, el concepto de “alianzas insólitas” (vínculos entre sujetos a los que históricamente se les ha impedido relacionarse entre sí) y relató, en el turno de preguntas, las amenazas de muerte y el hostigamiento que sufre por su activismo, defendiendo la alegría como forma de resistencia frente a la lógica de la victimización.

A continuación, la periodista e investigadora Zinthia Álvarez Palomino, especializada en migraciones y memoria decolonial, planteó una pregunta de partida: quién tiene el poder de decidir qué significa “ayudar” dentro de las organizaciones. Argumentó que la cooperación internacional no es neutral, porque reproduce una idea de conocimiento “objetivo y universal” que en realidad responde a un lugar de enunciación muy concreto (blanco, europeo, masculino, de clase dominante), y que esa lógica organiza desde cómo se entiende el tiempo (lo rápido como eficiente, lo lento como atraso) hasta quién decide sobre los recursos o qué conocimiento se considera válido. Frente a ello, propuso herramientas prácticas: revisar quién participa y quién decide en cada espacio, usar un lenguaje situado y accesible, redistribuir protagonismo y recursos, hacer visible el propio lugar de poder y negociar con las entidades financiadoras plazos y condiciones más ajustados a los procesos reales.

Cooperar en contextos hostiles

La segunda mesa reunió los testimonios de tres organizaciones que trabajan en contextos de fuerte hostigamiento hacia los feminismos. Rocío Gutiérrez, del Movimiento Manuela Ramos (Perú), describió el impacto de la reciente “ley anti-ONG” peruana, que exige conformidad previa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para ejecutar proyectos, prohíbe usar fondos para movilizaciones y ha disparado la carga de fiscalización de las organizaciones. Morena Herrera, de La Colectiva (El Salvador), habló de un contexto de “totalitarismo moderno” marcado por la ley de agentes extranjeros, y explicó cómo algunas organizaciones han optado por renunciar a su personería jurídica, buscando vías alternativas de financiación. Rosa Benicia Maradiaga, de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (Honduras), contextualizó su intervención en la crisis alimentaria que atraviesa el sur del país por falta de lluvias, y pidió mayor flexibilidad para reorientar proyectos hacia emergencias sobrevenidas.

Las tres coincidieron en varias recomendaciones para la cooperación gallega: proyectos de mayor duración y calendarios más flexibles, ajustados a los tiempos reales de los procesos sociales; revisión de exigencias administrativas que generan vacíos presupuestarios o cargas desproporcionadas; y mayor previsión de partidas para comunicación, clave para disputar narrativas frente a los discursos antiderechos. El debate final giró en torno a la posibilidad de crear fondos comunes o plataformas regionales entre organizaciones y financiadores, para no depender de una única fuente ante un contexto cada vez más incierto.

Organizaciones habitables: la experiencia de REAS Euskadi

La segunda jornada, “Será habitable ou non será. Outras organizacións para outras economías”, estuvo a cargo de Zaloa Pérez Hernandorena y Silvia Piris Lekuona, de REAS Euskadi, red de economía social y solidaria de Euskadi formada por más de 130 organizaciones. Presentaron el proceso Bizigarri, su plan de transformación organizacional feminista, activo desde 2018 y sostenido gracias al compromiso institucional (una comisión específica con presupuesto propio) y al apoyo económico continuado de la Agencia Vasca de Cooperación.

Entre las herramientas generadas destacaron las “reuniones habitables”, con roles de cuidado rotativos; un diccionario feminista para la economía solidaria; y la publicación “Ser habitable o no será”, dirigida a organizaciones pequeñas. Silvia Piris presentó además el proceso de política laboral feminista impulsado junto a Setem y Mugarik Gabe desde 2022, centrado en cinco ámbitos (tiempos, condiciones económicas, organización del trabajo, capacidades y participación, espacios e identidad y clima laboral) y plasmado en una propuesta de diez principios y veinte acuerdos, pensada como mapa de referencia y no como estándar cerrado.

El debate final abordó una pregunta que atravesó toda la jornada: cómo dedicar tiempo y recursos a estos procesos internos sin que ello se perciba como un privilegio frente a organizaciones de otros territorios que sufren persecución directa. La respuesta de las ponentes fue clara: no se trata de una elección excluyente, y el trabajo interno de revisión organizacional incide directamente en cómo se construyen las alianzas con las socias del Sur.

La sesión terminó sin conclusiones definitivas, pero con un compromiso firme: trasladar estos aprendizajes al contexto gallego y recoger todo lo compartido en ambas jornadas en un documento de propuestas que se compartirá con las organizaciones socias, como insumo directo para el nuevo Plan Director de Cooperación Galega.

Porque no hemos crecido en tiempos fáciles. Hemos visto guerras que se eternizan, bloqueos que asfixian a países enteros, violencia que arranca a la gente de su tierra, un clima cada vez más desbocado y un planeta que se queda sin energía para los más pobres. Con ese paisaje, hablar de esperanza puede parecer ingenuo. Nosotras hemos aprendido lo contrario. En un mundo hostil, la esperanza no se espera, se trabaja.

Se trabaja con las manos. Con las de quien cava un pozo en el Corredor Seco guatemalteco y las de quien, años después, abre un grifo en su casa por primera vez. Con las de quien reparte pasta, café y azúcar de comercio justo para que una cooperativa del Sur siga adelante. Con las de quien firma una cuota mensual sin ver nunca a quién ayuda, y las de quien escribe, traduce, organiza, cuenta o acompaña. Casi cuarenta años de manos, de personas que pasaron por SODePAZ, que se quedaron o que siguen siendo parte de ella desde la distancia, y que han hecho posible que hoy sigamos aquí.

No siempre hemos ganado. Hay proyectos que tardaron años en dar fruto y otros que no salieron como esperábamos. Hay países donde la situación hoy es peor que cuando llegamos. Pero la esperanza no consiste en tener garantizado el final, sino en negarse a aceptar que las cosas no puedan cambiar y en hacer algo, aunque sea pequeño, para que cambien.

Por eso seguimos. No porque el contexto sea favorable, sino porque, desde 1987, cada vez que alguien dijo “no hay nada que hacer”, hubo gente que se puso a hacer algo.

La esperanza también cumple años. Gracias por ayudarnos a que siga cumpliéndolos.

El comunicado recuerda que el país arrastra un déficit habitacional superior a los 2 millones de viviendas, y denuncia que la corrupción estructural, la captura de instituciones y las barreras políticas y administrativas limitan la capacidad del Estado para garantizar este derecho, afectando sobre todo a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Entre sus demandas al Estado guatemalteco, el Comité Popular reclama:

• Garantizar el derecho a una vivienda digna con un enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y sostenibilidad ambiental.
• Eliminar las barreras políticas, institucionales y administrativas, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas.
• Abordar la problemática de la tierra, reconociendo las formas de tenencia colectivas, comunitarias y ancestrales, y protegiendo a los pueblos indígenas frente a los desalojos.
• Implementar las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada.
• Incrementar la inversión pública y crear un Programa de Producción Social de Vivienda.
• Garantizar la participación efectiva de la población en las políticas de vivienda y hábitat.

Desde SODePAZ, nos unimos a esta reivindicación y expresamos nuestra solidaridad con MEJORHA y con el resto de organizaciones que, desde Guatemala, trabajan cada día para que la vivienda y el hábitat sean un derecho y no un privilegio.

«Vivienda digna para todas las personas. La tierra, la vivienda y el hábitat son derechos humanos».

En plena agresión imperialista de EE. UU., la transición energética de la Cuba Socialista se acelera y apunta hacia la seguridad infraestructural, y se anuncia como una “revolución técnica” que levantará a Cuba de las sanciones criminales que impiden importar petróleo, sanciones impuestas por el régimen de Trump (bloqueo de los petroleros con destino a Cuba, sanciones financieras, etc.).

En plena crisis económica, inducida por el criminal embargo de EE. UU., la isla caribeña consolida el hito histórico del 21,4% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, un resultado impulsado casi enteramente por el impresionante desarrollo de la fotovoltaica.

Los datos confirmados por el presidente Miguel Díaz-Canel delinean un sistema que cuenta ya con 1.418 megavatios (MW) de capacidad instalada y 140 parques fotovoltaicos activos distribuidos uniformemente por todo el territorio nacional, con el objetivo declarado de romper la barrera de los 1.500 MW antes de finales de diciembre.De la crisis de emergencia a la estrategia industrial

El salto adelante de la cuota verde —que a principios de 2025 apenas lograba superar el 4%— responde a la necesidad impostergable de liberar al país de la dependencia de los combustibles fósiles importados, combustibles actualmente bloqueados por las sanciones del régimen de Trump, y de compensar la obsolescencia de las centrales termoeléctricas tradicionales que queman combustibles fósiles.

El factor económico da la razón a este giro: el costo de producción de energía solar en Cuba se está estabilizando en alrededor de 6 y 7 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh), frente a los más de 20 centavos que exigen los derivados del petróleo.Instalaciones destacadas como el parque solar “Mal Tiempo” en Cienfuegos permiten recortar de forma autónoma unas 9.000 toneladas de hidrocarburos al año.

El eje con la China Socialista y las reformas para los privadosDetrás de esta rápida metamorfosis infraestructural está la sólida cooperación tecnológica y financiera con China, que continúa apoyando a la isla con suministros estratégicos de paneles, componentes y materiales para la estabilización de la red.Paralelamente, La Habana ha optado por ampliar el perímetro de la transición también a los privados y a las empresas locales.Gracias a las recientes Resoluciones 179 y 180, el Estado redujo a cero los aranceles aduaneros y los impuestos sobre la importación de módulos fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento, estimulando una participación difusa desde abajo.

Ahora La Habana lanza un plan para alimentar el bombeo de agua para la población con energía fotovoltaica.Si los parques solares garantizan una cobertura excelente durante las horas centrales del día, el desafío se traslada ahora a la autonomía de los servicios críticos y a la gestión de los picos vespertinos.

En esta perspectiva se inserta el último y crucial anuncio del gobierno cubano: un plan prioritario, para la primavera de 2027, destinado a destinar 200 MW de nueva generación solar fotovoltaica exclusivamente a la alimentación del sistema de bombeo de agua de la capital, La Habana.

Desvincular la red hídrica de los apagones y de la dependencia directa del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) representa un paso decisivo para proteger los servicios esenciales de la población.Mientras avanzan los trabajos para la sincronización de los primeros sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) en las provincias clave, Cuba demuestra que la vía de las renovables no es solo una elección ecológica, sino el pilar fundamental para la supervivencia y la recuperación económica del país.

¿Todo fácil?No, Cuba sabe bien que por cada reforma, innovación tecnológica, éxito en el ámbito sanitario, etc., debe de todos modos lidiar con el imperialismo de EE. UU. y con su Bloqueo, que tiene como objetivo aniquilar la Revolución Socialista.

Por eso es importante mantener alta la movilización política y solidaria con la Cuba revolucionaria y por el cese del criminal embargo de EE. UU.(en los comentarios de este post, artículos de referencia – Imágenes tomadas de internet: representación de parque fotovoltaico, un parque de baterías de almacenamiento BESS, escena de la vida cotidiana)

En 1992, cofundó, junto a Julieta Paredes y Mónica Mendoza, el colectivo Mujeres Creando, un movimiento anarcofeminista boliviano que desde entonces combina activismo callejero, arte y acción política para luchar contra el patriarcado, el colonialismo y las estructuras de poder, con especial atención a las mujeres indígenas, las trabajadoras sexuales y la población LGBTQ+. Sus grafitis —”ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”, “el feminicidio es un crimen del Estado patriarcal”— han llenado durante años los muros de La Paz y otras ciudades bolivianas, convirtiendo la calle en el principal espacio de enunciación política del colectivo.

Desde “La Virgen de los Deseos”, su casa autogestionada con sede en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, Mujeres Creando ha construido durante décadas lo que Galindo llama una “oferta concreta de justicia” para las mujeres: no un simple servicio de asesoramiento jurídico, sino un acompañamiento que combina asistencia legal con la construcción colectiva de una utopía de justicia feminista, formalizada en su diplomado “Justicia feminista”. Codirige, además, Radio Deseo, espacio de denuncia y crítica social desde el que el colectivo lleva años incomodando tanto al poder estatal como a la propia cooperación internacional, a la que acusa de haber jugado un papel profundamente colonial en su relación con los feminismos del Sur.

Es autora de varios libros que hoy son referencia obligada para pensar el feminismo desde el Sur global: Ninguna mujer nace para puta (2007), No se puede descolonizar sin despatriarcalizar (2013) —donde desarrolló la tesis política por la que es más conocida— y Feminismo bastardo (2022), con prólogo de Paul B. Preciado. Su pensamiento parte de una idea central: no puede haber descolonización sin despatriarcalización, ni despatriarcalización sin descolonización, porque en las sociedades del Sur el patriarcado no es una estructura universal y unívoca, sino una estructura compleja, atravesada por capas coloniales, precoloniales e internalizadas, que hay que desarmar pieza por pieza. De ahí, también su rechazo a la narrativa de las “olas” del feminismo, que considera una genealogía eurocéntrica, y su defensa de múltiples genealogías feministas, tan locales cada una como cualquier otra.

Frente a los movimientos identitarios, a los que critica por homogeneizar la identidad y desviar la energía política hacia luchas que no cuestionan la estructura de privilegios de fondo, Galindo ha planteado el concepto de “alianzas insólitas”: vínculos entre sujetos a los que históricamente se les ha impedido relacionarse —mujeres indígenas, trabajadoras sexuales, personas lesbianas—, resumidos en la metáfora que ha hecho suya el colectivo: “indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas”. Como lesbiana declarada abiertamente desde sus primeros años de militancia, ha sido también una voz crítica dentro de los propios movimientos LGBTIQ+ institucionalizados, a los que acusa de repetir, generación tras generación, los mismos discursos sin producir pensamiento propio.

Su trabajo no ha estado exento de riesgo. Galindo ha sido procesada judicialmente por sus intervenciones callejeras —como el grafiti “El feminicidio es un crimen del Estado patriarcal”, por el que fue citada a declarar en 2015— y ha denunciado en numerosas ocasiones amenazas de muerte vinculadas tanto a su activismo territorial y económico como a episodios de homofobia. Frente a esa hostilidad, ha reivindicado sistemáticamente la alegría y la felicidad como forma de resistencia, rechazando la lógica de la victimización que, sostiene, es precisamente lo que sus adversarios esperan de ella.

Con la cooperación internacional mantiene una relación especialmente crítica. Sostiene que ni siquiera debería llamarse “cooperación”, sino “restitución”, dado el legado colonial y extractivista que atraviesa la relación entre el Norte y el Sur global. Y denuncia lo que llama una “tecnocracia de género”: categorías impuestas desde el Norte, como “empoderamiento”, que en la práctica han derivado en mecanismos de endeudamiento de mujeres empobrecidas a tasas de interés muy elevadas.

Para Galindo, el objetivo nunca ha sido sentarse en la mesa del poder, sino acabar con esa mesa. Bolivia tiene hoy un parlamento en el que más de la mitad de los escaños los ocupan mujeres, y aun así Galindo lo desprecia por representar una biología, no una ideología. Esa es, precisamente, la distancia que separa su proyecto de cualquier otro: no se trata de ganar sillas dentro del sistema patriarcal y colonial, sino de desarmarlo pieza por pieza, hasta que ya no quede sistema al que pedirle sitio. “No queremos inclusión, queremos revolución.”

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Lo que ya es obligatorio

A partir de ahora, cualquier organización tiene que ser clara sobre el uso que hace de la IA. En la práctica, esto significa cuatro cosas: si tienes un chatbot o una respuesta automática, debe quedar claro desde el primer mensaje que no hay una persona al otro lado; si publicas una imagen o un vídeo creado o retocado con IA que pueda parecer real (lo que se llama un deepfake), tienes que decirlo; si un texto generado con IA informa sobre un asunto de interés público, también hay que señalarlo; y si usas alguna herramienta que reconoce emociones, hay que avisar antes de usarla. Esto ya afecta a webs, redes sociales, boletines como este y cualquier atención automatizada, también en las entidades sociales.

Lo que se ha aplazado (y lo que no)

Puede que hayas leído que Europa ha “dado marcha atrás” con la IA. No es exactamente así. Lo único que se ha retrasado, hasta 2027 y 2028, son las normas para los sistemas considerados de mayor riesgo: los que deciden, por ejemplo, si te contratan para un trabajo, si accedes a una ayuda o cómo se evalúa tu situación en un proceso judicial. Todo lo demás, incluida la obligación de ser transparentes que hemos explicado arriba, sigue su curso tal y como estaba previsto.

Por qué esto nos importa de verdad

Cumplir la ley es solo el primer paso. En Sodepaz, trabajamos con datos de personas en situaciones de vulnerabilidad, y ahí surgen preguntas que ninguna norma resuelve por nosotras: ¿qué información estamos compartiendo con esa herramienta gratuita que usamos a diario? ¿Qué sesgos puede traer un modelo entrenado con textos que no reflejan las realidades con las que trabajamos? ¿Qué perdemos, como equipo, cuando dejamos que una máquina haga en segundos una tarea que antes nos ayudaba a aprender? Son preguntas que ya nos hacíamos antes de que llegara la IA. Ahora toca hacérselas también a ella.

Nuestra lectura

Hay algo un poco paradójico en todo esto: la norma nos obliga a decir cuándo usamos IA, pero no a preguntarnos si deberíamos usarla, ni para qué, ni a costa de qué. Ese debate lo tenemos que dar nosotras, en nuestras asambleas y equipos, con la misma exigencia con la que ya lo hacemos con la banca ética o el comercio justo. La transparencia es el punto de partida, no el punto de llegada.

La ley marca un mínimo. La mirada crítica y colectiva, esa la seguimos poniendo nosotras.