ANDALUCÍA… ¿SOLO PARA SÍ?

La cooperación internacional no es una moneda de cambio en la negociación de los presupuestos andaluces. Según el anteproyecto de Ley de Presupuestos, la AOD andaluza supone solo el 0,09% del total (4,5€ por andaluz/a al año)

ASPA.- Junto a la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD), de la que formamos, defendemos que los presupuestos de la comunidad autónoma para 2021 deben reforzar las políticas destinadas a los sectores más afectados por la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia de la COVID-19. Puesto que gran parte de ellos están gestionados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la dotación económica para las materias que son de su competencia debería ampliarse en la próxima Ley de Presupuestos.

Entre ellas se encuentra la política de cooperación internacional para el desarrollo. La ultraderecha representada en el Parlamento, en su enmienda a la totalidad de las cuentas elaboradas por el Gobierno Andaluz, propone la supresión de las ayudas a la cooperación internacional mientras dure la crisis. Por una parte, esta medida no solo es injusta e insolidaria, sino que atenta directamente contra el Estatuto de Autonomía y la identidad andaluza. La leyenda “Andalucía por sí, para España y la Humanidad” queda vacía de contenido si se niega uno de los instrumentos fundamentales que tenemos para nuestra relación con el exterior, la cooperación internacional. No es posible eliminar la cooperación sin modificar el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Por otra, implica una cortedad de miras que, más allá de no alcanzar a entender que la respuesta a una crisis global requiere de respuestas globales (también desde las administraciones autonómicas), parece no comprender siquiera el significado de la palabra pandemia.

Suprimir la política pública de cooperación internacional contraviene la legislación andaluza en esta materia: desde la ya mencionada inclusión en el Estatuto de Autonomía como uno de los objetivos básicos de la comunidad autónoma o su desarrollo en la Ley Andaluza de Cooperación de 2003 a los compromisos de los que se dota el Gobierno Andaluz en la materia, reflejados en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2023. Todo ello, reforzado por la apuesta de tomar como referencia para las políticas autonómicas la Agenda 2030.

¿Qué supondría suprimir la cooperación internacional en 2021? Tal como se recoge en el anteproyecto de Ley de Presupuestos, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) andaluza asciende a poco más de 38 millones de euros, para un presupuesto total de 40.188 millones de euros. Es decir, un 0,09%. Desde otra perspectiva, si a cada andaluz/a le corresponden unos 4.770 euros de ese presupuesto, la inversión para cooperación internacional sería de 4,5 euros por habitante al año.

La solidaridad es un principio multidireccional: no es lógico reclamar, justamente, que Andalucía se beneficie de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, apelando no solo a la solidaridad entre países, sino a un reparto equitativo entre comunidades dentro de España; y a la vez negar ese principio cuando es Andalucía la que, desde su política pública, debe por mandato y por justicia colaborar con países con sistemas de respuesta más precarios que se han visto afectados en mayor medida por la pandemia.

Es el momento de reforzar, junto a la cooperación internacional, las políticas destinadas a la infancia, personas mayores, dependientes e igualdad, ignorando propuestas basadas casi siempre en la ideología y pocas veces en la mejora de los grupos de población más expuestos a la precariedad o la falta de garantía de sus derechos. Especialmente importante resulta hacer oídos sordos a las presiones que parten de la negación del machismo y de la violencia de género (que ya han dado su resultado en la creación de la línea telefónica de atención a la violencia intrafamiliar) y contribuir desde el Gobierno Andaluz a dar respuesta a este problema estructural que marca la vida de mujeres y niñas.

Igualmente, desde la CAONGD rechazamos la criminalización de los menores migrantes no acompañados que se hace en esta enmienda a la totalidad de los presupuestos, al solicitar mayor inversión en la vigilancia de los centros en los que viven. Entendemos la migración como un fenómeno consustancial al ser humano que nos define y enriquece. Sin ir más lejos, en el marco de esta pandemia hay un ejemplo esclarecedor: la vacuna que a día de hoy presenta más garantías para prevenir la COVID-19 nace del trabajo de descendientes de migrantes turcos en Alemania.

La opinión de la ultraderecha no representa ni de lejos a la mayoría de la ciudadanía, que es consciente del esfuerzo extra realizado por ONG durante este año para dar respuesta a situaciones a las que no llegaban las administraciones públicas. Así lo demuestra el resultado de la última encuesta del CIS, enfocada en la pandemia. Las ONG y asociaciones de ayuda son la institución que recibe una mejor valoración entre las personas encuestadas: más del 60% señala que ha mejorado su opinión sobre ellas ante su actuación frente a la crisis de la COVID-19.