• En solidaridad con los pueblos del sur desde 1987

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Francotiradores israelies

Llamamiento al presidente del Gobierno [Mariano Rajoy] y al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación [Alfonso Dastis]: la matanza de civiles en Gaza el 14 de mayo por parte de Israel no debe quedar impune.

Amnistía Internacional define lo sucedido como “una abominable violación del Derecho Internacional y los Derechos Humanos”.

El número de víctimas el 14 de mayo se sitúa en al menos 62, entre las que hay al menos 8 menores, y más de 2.700 personas heridas, muchas de las cuales tendrán que vivir con discapacidades permanentes y/o están en estado crítico, por lo que no se descarta un aumento en el número de personas fallecidas. Desde finales de marzo, se cuentan 112 palestinos muertos y 13,190 heridos. Los servicios sanitarios de Gaza están al borde del colapso como consecuencia del bloqueo impuesto

por Israel desde 2007, que conlleva, entre otros, un déficit crónico de recursos energéticos, suministros y equipamiento médico. A esto se debe sumar el hecho de que alrededor de 2 millones de personas están privadas del derecho básico de libertad de movimiento. Por todo ello, la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) ha estimado que Gaza será una zona no habitable en 2020.

Además de numerosos ataques contra personal e instalaciones médicas, el uso excesivo de munición

letal y real por parte de Israel parece haber sido utilizada deliberadamente contra periodistas (incluido el equipo de Al Jazeera), hiriendo al menos a 11 el día 14 de mayo y 175 desde finales de abril.

Estas inaceptables violaciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación deben acabar inmediatamente. Las protestas ciudadanas y pacificas en Gaza se están dando en un contexto de prolongada crisis humanitaria. Mujeres, hombres, niñas y niños sufren continuos abusos y violaciones de sus derechos por parte de Israel, sobreviviendo en una cárcel al aire libre. Los hechos de las últimas semanas no pueden ser reducidos a enfrentamientos impulsados por extremistas.

Las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por Israel continúan impunes. La sucesión de campañas militares, tales como la Operación Plomo Fundido en 2009 (1.414 muertos, de los que 1.177 eran civiles), la Operación Margen Protector (2.251 muertos, 1.462 de ellos civiles), la propia existencia del Bloqueo y las acciones llevadas a cabo contra civiles desarmados en las últimas semanas se derivan en una situación insostenible desde un punto de vista humanitario. En cambio, la comunidad internacional sigue manteniendo sólidas relaciones diplomáticas con Israel, sin poner en marcha acciones que le obliguen a respetar un Derecho Internacional que le es vinculante. La ausencia de firmeza en algunos casos, y la justificación en otros, de la violenta, excesiva y desproporcionada respuesta de Israel en Gaza no hace más que erosionar los fundamentos del Derecho Internacional. Esta actitud por parte de la comunidad internacional promueve la desesperanza y aumenta el riesgo de mayor violencia y una escalada de tensiones no solo en Palestina sino también en la región.

El Estado español compra y vende armas a Israel, un país que incumple permanentemente el Derecho Internacional, está cometiendo – tal y como afirmó Naciones Unidas en 2017 – un crimen

de apartheid contra el pueblo palestino en un contexto de prolongada ocupación y constante violación de los Derechos Humanos.

Existe un elevado riesgo de que las armas y el material de defensa vendido por el Estado español puedan ser utilizados para cometer crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas.

Ante todo lo expuesto, consideramos que el Gobierno español, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la legislación internacional que suscribe, debe:

1. Exigir el acceso humanitario sin restricciones, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar la derivación de pacientes de Gaza y personas heridas o enfermas que necesitan tratamiento urgente y no pueden ser tratadas dentro de la Franja.

2. Demandar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que envíe urgentemente una misión de investigación que asegure la recogida de evidencias de crímenes y violaciones del Derecho Internacional Humanitario para que se transmitan a la Corte Penal Internacional.

3. Condenar públicamente el desproporcionado uso de la fuerza contra civiles desarmados y hacer un llamamiento al levantamiento inmediato del bloqueo que lleva más de una década sobre la Franja de Gaza, y que afecta a casi dos millones de personas, exponiéndolas a condiciones de vida insostenibles y a un castigo colectivo.

4. Imponer de manera inmediata, e instar a los demás Estados miembros de la Unión Europea a que impongan un embargo militar a Israel por el elevado riesgo de que las armas o materiales de defensa puedan ser utilizados para cometer crímenes de guerra o de lesa la humanidad tal y como Amnistía Internacional ha reiterado recientemente en su llamamiento

a los gobiernos de todo el mundo para que impongan un embargo integral de armas a Israel. 5. Llamar a consultas al embajador español en Tel Aviv, tal y como hicieron Irlanda y Bélgica.

Promover además que el resto de Estados miembro de la UE hagan lo mismo.

Firmantes:

Asamblea de Cooperación por la Paz

Asociación Alquds

Fundación Mundubat

Médicos del Mundo

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Novact-International Institute for Nonviolent Action

Paz con Dignidad

SODePAZ

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